Hagamos 'pedagogía fiscal': ¿deben los perceptores del SMI pagar IRPF? 

Lo que, sobre el papel, era una medida de gran aceptación social que iba a permitir al Gobierno sacar pecho y reforzarse frente a una hostil oposición, se ha acabado convirtiendo esta semana en un quebradero de cabeza y en un elemento radiactivo de fuerte división dentro del Ejecutivo de coalición. 

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobaba la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, 50 euros más que en la anterior revisión de 2024. Además, este alza suponía un incremento total de casi el 69% con respecto a los 735 euros del SMI fijados en 2018, cuando Pedro Sánchez accedió a la Moncloa.

Pero la decisión del Ministerio de Hacienda de no acompasar el impuesto sobre la renta con la mejora retributiva hará que, por primera vez, algunos de los perceptores del SMI tengan que tributar. Es decir, tendrán que pagar impuestos y entregar una parte de esa subida de los 50 euros mensuales a las arcas públicas. 

Una postura que el ala socialista defiende en bloque pero que Sumar rechaza de forma pública. Es más, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó un dardo a sus socios asegurando que la "justicia social" debe empezar "por arriba" y que se había enterado de la decisión de Hacienda "por los medios" y no en la reunión del Gobierno. Algo que la ministra portavoz, Pilar Alegría, rebatió en voz baja: "Eso no es así".

Sumar defiende que los perceptores del SMI deben seguir exentos de pagar IRPF, como ha ocurrido hasta ahora. Una posición que comparte con el resto de socios de la izquierda (Podemos, ERC, Bildu, BNG...) y hasta con el PP, que tilda al PSOE de hacer "populismo" con el "falso incremento". 

Algunas de estas formaciones ya han presentado en el Congreso proposiciones de ley para impedir que el Gobierno elimine la exención del IRPF. Los números darían, siempre y cuando Hacienda no intente vetar dichas iniciativas con el argumento de que suponen una merma de ingresos en las arcas del Estado. Un veto que sólo podría levantarse en la Mesa del Congreso si los de Feijoo y Sumar aúnan fuerzas.

Los socialistas, por su parte, advierten a sus socios de Gobierno que es peligroso "apuntarse al discurso del vaciamiento fiscal de la derecha". Además, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este viernes en Sevilla que la tributación sólo afectará al 20% de los perceptores del SMI (principalmente, personas solteras o separadas, sin hijos ni cargas personales o familiares, o los matrimonios en declaración individual con hasta un hijo en común) y que la mayoría de países de la UE también aplican impuestos a su salario mínimo. "Ya no se trata de una renta de subsistencia, sino de un salario digno. Y eso implica derechos y deberes", aseguraba. 

Según cálculos del Consejo General de Economistas (CGE), las retenciones en el caso de un contribuyente soltero y sin hijos dependerán de la región en la que viva, aunque oscilarán entre los 280,67 euros anuales de la Comunidad Valenciana y los 357,43 euros de Cataluña.

Pero, ¿es justo que perceptores del SMI tengan que pagar IRPF? Julio López Laborda, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, no cree que exista "una cifra mágica" a partir de la cual hay que empezar a tributar por un salario, por lo que esta decisión es una cuestión meramente "política". "Quizás gobiernos diferentes preferirían importes distintos", sostiene a El HuffPost.

Su compañera Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Carlos III, sí se muestra a favor y lo ve "coherente" con la subida "sustancial" del SMI en estos últimos años. Aunque también advierte: "Debería hacerse un ajuste para evitar el salto en progresividad de las rentas más bajas".

Y es que Hacienda se quedará ahora con el 42,8% del alza anual de 700 euros del SMI, un "hachazo" fruto de una "joroba fiscal" que se explica por el diseño con el que opera el impuesto sobre la renta, que sufre de un comportamiento errático en los tramos inferiores. De ahí que algunos expertos sugieran que habría que corregir algunos parámetros del impuesto para que, al menos, estas personas no pierdan capacidad económica por el efecto combinado de inflación e IRPF.

En lo que ambos profesionales consultados por El HuffPost coinciden es en señalar la necesidad de extender la obligación de hacer la declaración a todos los ciudadanos, con independencia de que la cuota tributaria resultara positiva, nula o negativa. "Visibilizaría la participación de todos los ciudadanos, de acuerdo con su capacidad económica, en el impuesto que mejor representa las obligaciones tributarias derivadas de la pertenencia a una comunidad política", asegura López Laborda. 

"Todos somos receptores netos o pagadores netos dependiendo del momento de nuestra vida. La razón de incluir la obligación de declaración a las rentas más bajas en el IRPF no es porque vayan a contribuir netamente, porque es lógico que si tu renta es baja no contribuyas, sino que recibas. La razón fundamental es ampliar la base del IRPF para llevar a cabo una necesaria reforma tributaria y poder agilizar las ayudas sociales u otras prestaciones", asegura Ruiz Almendral.

Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, cree por el contrario que el debate sobre tributar o no cobrando el SMI sólo debería darse cuando éste alcance el 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea. Es decir, cuando llegue a los 1.320 euros en 14 pagas. "El sistema tiene que ser lo suficientemente robusto y bien diseñado para que se mantenga el Estado de bienestar sin necesidad de esas contribuciones. Y eso sólo se consigue a través de una política fiscal, progresiva, justa y que tenga en cuenta los ingresos de cada uno de los habitantes", sostiene.

Luján rechaza las comparaciones de Montero con Alemania o Francia porque, en estos países, los salarios mínimos se aproximan o superan los 2.000 euros. Y, en todo caso, cree que la subida real de estos perceptores va a ser ahora inferior a la del IPC si pagan IRPF. "Su incremento tras tributar será del 2,2% aproximadamente, mientras que la inflación de 2024 fue del 2,8%. Es decir, van a ser más pobres pese a la subida", explica.

Por eso, desde UGT han enviado una carta a la ministra Montero para diseñar una política fiscal que no tenga dichos "efectos indeseados". "Una vez que se haya conseguido la dignificación colectiva, situando el SMI en el 60% del salario medio, entonces nos plantearemos cómo estas personas pueden contribuir a la hacienda pública. Mientras tanto, nuestra posición será la misma: que sean los que más ganan los que más apoyen el mantenimiento del estado del bienestar", concluye.